Para garantizar la aplicaci n y

Para garantizar la aplicación y permanencia de las reformas emprendidas, se necesitaba de un marco normativo institucional que brindara estabilidad al modelo, emitiendo señales de confianza al capital transnacional y otros actores privados que invertían en Perú. La Constitución de 1993, elaborada por un cuestionado Congreso Constituyente Democrático y avalada por un dudoso referéndum, cumplió con estos objetivos, al otorgar INCB28060 what las reformas la legitimidad necesaria. Se instauró así un marco legal y normativo abiertamente favorable a la inversión privada que minimiza el rol del Estado y limita las posibilidades de ejecutar reformas claves para la redistribución y la participación ciudadana. Pese a las críticas y señalamientos de ilegalidad, el éxito conseguido por el fujimorismo en términos de estabilización económica y la cerrada defensa de las élites del modelo neoliberal en un escenario de fragmentación del campo popular, llevó a que tras la caída del régimen, en la denominada “transición”, no se incluyera regresar a la Constitución de 1979 ni mucho menos convocara una nueva Asamblea Constituyente conservándose la Carta de 1993 con algunos cambios aprobados por el legislativo. Asimismo, la discusión política sobre el modelo económico quedó fuera de toda negociación y conservó las restricciones constitucionales a cualquier posible intento de modificatoria. Posteriormente, los sucesivos gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, tampoco cuestionaron el marco legislativo heredado del fujimorismo, principalmente en lo referido a la política económica, centrando sus esfuerzos más bien en impulsar programas sociales focalizados para combatir la pobreza. Dada la actual composición del Congreso, la poca voluntad del Partido Nacionalista y la fuerte presencia de lobbies empresariales es poco probable que ocurran cambios normativos relevantes en el corto plazo. Por otra parte, en lo que respecta a la preeminencia de un discurso autoritario conservador elaborado sobre la historia reciente de violencia y posterior pacificación, el legado fujimorista se presenta dominante en tanto haber posicionado una memoria oficial sobre las causas de la violencia, los artífices de la pacificación y la exaltación del orden y la gobernabilidad como garantía de crecimiento. La afirmación de este discurso desde el Estado tiene claras repercusiones en materia de impunidad y en la forma de enfrentar la protesta social criminalizándola, reprimiéndola y acusando ligeramente de “terroristas” a coenzymes quienes se oponen o movilizan contra el modelo. Dicho consenso autoritario coincide estrechamente con el sustento ideológico neoliberal articulado por economistas como Hernando de Soto, quien presenta una lectura atractiva del país para las mayorías pues centra las posibilidades de ascenso social en la competencia, las opciones del mercado y la exaltación del logro individual. Esto en desmedro de apuestas colectivas y referentes discursivos que valoran la solidaridad y la reciprocidad exponiéndolas interesadamente como prácticas arcaicas y opuestas al desarrollo. La crisis de los partidos de izquierda facilita la hegemonía de este discurso, al ser incapaces de reorganizar estructura política pero sobre todo de articular referentes de sentido que ofrezcan alternativas de vida y den lugar al “mito movilizador” al que aludía José Carlos Mariátegui, hace ya casi un siglo.
II. Los movimientos sociales en el Perú de Hoy Tras un periodo de repliegue y desmovilización motivado por el cruento conflicto armado que atravesó el país, la política de pacificación fujimorista y el impacto de las reformas estructurales, surgen a fines de los noventa nuevas iniciativas de movilización. Se trata de un proceso complejo de rearticulación, pues han cambiado también las lógicas organizativas, fuertemente influidas por el clientelismo fujimorista y la expansión de Organizaciones no Gubernamentales (ong) que operan con fondos de la cooperación internacional, ambas con consecuencias directas en las dinámicas políticas de los actores. De este modo, cobran relevancia nuevos espacios cuya acción y organización responde directamente a este pasado reciente y a los cambios ocurridos en el mundo del trabajo, la utilización de los recursos naturales y el manejo macroeconómico derivado del neoliberalismo. Nos referimos a las comunidades y pueblos indígenas que se movilizan contra la expansión minera y petrolera, y manifiestan discursos, identidades y demandas contrapuestas al actual modelo, así como otras formas de concebir la relación con la política representativa.